ICOMAST reafirma que la objeción de conciencia es un derecho fundamental de todos los médicos
Fecha:
19/10/2025
La Comisión Deontológica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias ha hecho pública una declaración institucional en la que reafirma que la objeción de conciencia es un derecho fundamental, constitucional y deontológico, inseparable de la libertad moral del médico y esencial para el ejercicio ético de la profesión.
El documento, elaborado en plena consonancia con la Organización Médica Colegial (OMC) y su Código de Deontología Médica, subraya que el derecho de objeción de conciencia —reconocido en el artículo 19 bis de la Ley Orgánica 1/2023— corresponde a todas las personas profesionales sanitarias directamente implicadas en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, sin distinción de especialidad o categoría profesional.
ICOMAST advierte de que limitar este derecho a determinadas especialidades supondría una interpretación restrictiva de un derecho fundamental, que podría dejar sin protección a numerosos médicos que, por razón de su práctica asistencial, se vean implicados en distintos actos vinculados a la prestación sanitaria.
La corporación médica recuerda, además, que este derecho está amparado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que lo integra dentro de la libertad ideológica y religiosa recogida en el artículo 16 de la Constitución Española. En este sentido, insiste en que ningún médico puede ser obligado a realizar actos contrarios a sus convicciones morales o éticas, y que la regulación administrativa debe respetar siempre ese marco constitucional y deontológico.
El texto también destaca el precedente del Legislador Estatal en la Ley Orgánica 3/2021, de Eutanasia, que utilizó la misma fórmula jurídica —“todos los implicados”— al reconocer el derecho de objeción de conciencia de los médicos, reforzando así su carácter universal y no limitado a determinadas especialidades.
Finalmente, el Colegio expresa su confianza en que las autoridades competentes desarrollen las disposiciones necesarias con coherencia jurídica, rigor técnico y respeto al principio constitucional de libertad de conciencia, asegurando que ningún médico en Asturias vea comprometido su derecho ni su dignidad profesional.